Barbosa necesita funcionarios diligentes y no negligentes

 

Por: Carlos Mario Saldarriaga Diez

Ciudadanos del municipio de Barbosa han hecho llegar quejas a nuestro diario de las actuaciones de varios funcionarios de la Secretaria de Gobierno, Espacio Público e Inspección de Policía, que no cumplen con las funciones administrativas  haciendo caso omiso a la ley favoreciendo a otras personas para cumplir con sus cuotas políticas.

Es el caso muy particular de la señora Inspectora de Policía  que por negligencia administrativa tiene represados varios procesos, en especial de servidumbres activas, de las cuales muchas ya llevan más de siete meses a la espera de que se les asigne un turno para ser resueltas y de las que se recibió queja o declaración verbal en la cual no existe prueba escrita que garantice al afectado que se está siguiendo un procedimiento por parte de la entidad para dar solución al conflicto denunciado.

Las actuaciones de la funcionaria son negligentes e inconstitucionales que por no encontrar una solución por la vía administrativa, obligan al afectado a tomar las vías de hecho y por ende la afectación orden público.

No bastan las quejas de los afectados al Alcalde municipal, Secretario de Gobierno, Personero municipal, para que se vigilen las actuaciones de la empleada que se siente segura en su cargo, ya que viene a cumplir una cuota política de un burgomaestre que no puede ejercer autoridad sobre su deber y en sus palabras desafiantes ante los implicados de sus malas acciones no le importa que la denuncien ante procuraduría.

Uno de los afectados  asegura que  la funcionaria se la pasa chateando por su celular y pintándose las unas,  dice no tener tiempo para realizar visitas oculares a los predios afectados y toma decisiones sin realizar la inspección del predio, manifestando no tener transporte y negando el que le brinda la persona afectada.

Juan Camilo Tobón denuncia las actuaciones de la funcionaria y tiene pruebas escritas de sus actuaciones  para lo cual entablo una Acción de Tutela para hacer valer sus derechos en la cual adjunta las pruebas documentales con fotográficas  de una interrupción  de servidumbre causada por un rancho que se construyo, que a pesar de las distintas  quejas radicadas  ante el archivo Municipal por parte de varios miembros de la vereda  la Montañita y el presidente de acción comunal durante más de un mes dejo sin camino a mas de 150 personas,  a pesar de que tenían un documento autenticado en notaria en el que se estipula la franja de la servidumbre de transito como vía peatonal y vehicular, un documento legal, claro y explicito concedido por el dueño del predio y también firmado por la parte afectante.

Don Rubén un habitante de la Vereda La Playa Parte Alta denuncia las irregularidades presentadas por la funcionaria en otro proceso de servidumbre ocurrido en la vereda la Playita parte alta en donde toma decisiones arbitrarias que perjudican notablemente a la comunidad, para lo cual también entablo la Acción de Tutela contra la inspectora para hacer valer sus derechos y las de la comunidad donde reside.

Doña Doris Bernal denuncia la incompetencia de la funcionaria respecto a la  expedición  del certificado de vecindad exigido por el peaje,  ya que le puso todas las trabas al sacar el documento que demostraba que residía en Barbosa;  a pesar de tener los respectivos paz y salvos como propietaria de bienes inmuebles en este municipio por más de 30 años.

Barbosa necesita funcionarios idóneos con la suficiente experiencia y capacidad de servir, no salidos de las Universidades de Garaje que vienen a cumplir con unas dadivas y compromisos políticos que desangran el pueblo con salarios onerosos haciéndose notar como incompetentes y negligentes.

Se está volviendo costumbre en nuestro municipio que los funcionarios de los distintas dependencias de la administración municipal hagan caso omiso a los principios contenidos en la Constitución Política y por aquellos que derivan de la finalidad específica  y en especial los empleados que cumplen funciones de policía para mantener el orden público como condición para el libre ejercicio de las libertades democráticas. De ello se desprenden unos criterios distintos de los queridos por el ordenamiento jurídico el cual  puede constituir no sólo un problema de desviación de poder sino incluso el delito de abuso de autoridad por parte del funcionario o la autoridad administrativa.

Es importante hacer cumplir las leyes  y dar las garantías establecidas en la Constitución, para evitar los abusos y desafueros que se vienen cometiendo por parte de los empleados de algunas dependencias  del municipio con la venia del alcalde o sin ella, además porque en el marco constitucional se le da relevancia a la protección de los derechos  de los ciudadanos.

Ha surgido la pregunta de cuáles son las consecuencias disciplinarias, civiles o penales a las que se enfrenta un empleado público que incumple sus funciones. Las sanciones que se le pueden aplicar al infractor dependen del grado en que haya vulnerado la legalidad, la gravedad de los daños causados al interés público o el descrédito generado para la imagen de la Administración. Al igual que para el resto de los trabajadores, la ley contempla despidos, el pago de indemnizaciones e, incluso, penas de cárcel.

Una misma actuación puede dar lugar a estos tres tipos de responsabilidad porque son independientes entre sí y compatibles. Es decir, por una misma infracción el trabajador se puede enfrentar a una sanción laboral, al pago de una indemnización por la vía civil y a penas de prisión por lo penal. Junto con el código que se aplica a los empleados públicos, cada sector cuenta con una normativa que puede endurecer las penas a las que se enfrentan los trabajadores.

Además de las infracciones en las que el funcionario puede incurrir como cualquier otro ciudadano, el Código Penal establece en su Título XIX una serie de delitos propios contra la Administración Pública, como son la prevaricación, la revelación de secretos, el cohecho, la malversación de fondos públicos o el tráfico de influencias, que pueden estar castigados con penas de cárcel e inhabilitación.

Se puede castigar a las autoridades o funcionarios públicos que, a sabiendas de su injusticia, dicten una resolución arbitraria en un asunto administrativo. La pena supone la inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de entre siete y diez años.

Queremos dejar la pagina abierta de este diario para que las personas que hayan sentido vulnerados sus derechos, nos hagan llegar sus quejas ya que es hora de que la Procuraduría tome cartas en el asunto y se sancione a los  funcionarios responsables desde el Alcalde hasta sus subalternos.